Los contratos basados en precios regulados requieren un certificado de eficiencia energética expedido por un instalador oficial.
La última ley de protección de los consumidores frente a las subidas de los precios de la energía (RDL/18/2022, de 18 de octubre), aprobada por el Gobierno, establece que las asociaciones de viviendas particulares usuarias de calefacción y agua caliente podrán celebrar contratos basados en la tarifa final de precios (TUR) del gas natural. Hasta ahora, este precio regulado sólo se aplicaba a los consumidores domésticos con un consumo anual inferior a 50 000 kWh y una presión inferior a 4 bares.
Esta normativa ha permitido a algo más de 6 millones de usuarios de 1,7 millones de municipios, es decir, el 23% de todos los usuarios, superar los límites de consumo legales con un solo contador (una dirección de entrega). Así, hasta ahora, sólo tenían derecho a utilizar la TUR los usuarios de viviendas particulares (unos 24 millones de personas) que cumplían esta condición.
Antes de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, esta cuestión no era relevante, ya que era fácil encontrar precios competitivos en el mercado libre. Sin embargo, la decisión del Gobierno de intervenir la TUR y el aumento de los precios del gas natural discriminaron a los hogares que utilizan calderas comunitarias.
Sin embargo, fuentes del sector afirman que, a pesar de las buenas intenciones, las medidas fracasarán este invierno debido a los obstáculos burocráticos de la normativa. El Gobierno tomó esta decisión al mismo tiempo que decidía subvencionar las tarifas de la TUR de gas, que no pueden subir más de un 5% trimestral, con cargo a una partida presupuestaria de 3.000 millones de euros. Además, la nueva tarifa para las Comunidades Autónomas (70 euros/MWh) es ligeramente superior a la tarifa estándar de la TUR (40-50 euros/MWh), pero dista mucho del precio de mercado (140-150 euros/MWh) que deben pagar las Comunidades Autónomas.
Hasta ahora, sólo unas pocas zonas residenciales han negociado con éxito contratos con la TUR (o, según algunas fuentes, ninguna), y la ley aprobada por Real Decreto en octubre supedita el uso del sistema a las siguientes condiciones: acuerdo en junta de propietarios, instalación de un dispositivo de distribución (contador) en cada vivienda, expedición de un carné de instalador público y expedición de un carné de instalador público. Las dos primeras condiciones no son un problema, ya que existe un periodo transitorio hasta septiembre de 2023 para la instalación de contadores. El problema más grave es encontrar un emisor oficial de certificados energéticos. Este grupo no es muy numeroso y los requisitos han aumentado considerablemente.
Algunos distribuidores afirman que no disponen de esa información. En este caso, los distribuidores no quieren ser demasiado estrictos, pero añaden que «no quieren meterse en líos».
También existe el riesgo de que en las comunidades que han contratado con empresas de servicios energéticos, éstas -los intermediarios directos con los residentes que contratan, facturan y mantienen las instalaciones- se queden con los márgenes de ahorro que aportan las nuevas medidas. Ya ha habido casos en los que las empresas han interpretado las medidas en su beneficio, por ejemplo, intentando aplicar un recargo a todo el consumo en lugar de al consumo excesivo.
Nuevos problemas para las compañías de gas reguladas
Subvenciones:
El pasado octubre, el gobierno decidió poner fin a la discriminación por motivos técnicos. Los vecinos de viviendas con caldera de gas compartida no podrán acogerse a la tarifa de último recurso (TUR) para pequeños consumidores. Esta tarifa, que sólo da servicio a 1,5 millones de los 8 millones de hogares (los 6,5 millones restantes optan por el mercado libre), se convirtió en precio estrella cuando el Gobierno decidió subvencionarla con 3.000 millones de euros en los presupuestos de 2023.
Alud:
La medida sobrecargó los cuatro mercados de último recurso (CUR) existentes, que se enfrentaron a una avalancha de solicitudes de transferencia. Las partes interesadas, a través de la patronal Cedigas, han pedido al Ministerio de Medio Ambiente que permita a los proveedores del mercado libre ofrecer TUR o, en su caso, que apoye a los clientes desregulados. De lo contrario, se tardaría un año en completar todas las transferencias.
Comunidades:
Además de esta situación, ahora las comunidades de propietarios también pueden solicitar TUR. Sin embargo, los obstáculos burocráticos hacen casi imposible que los vendedores se unan a este grupo.
